La violencia y los márgenes

El alarmante contraste que existe en la mayoría de las ciudades argentinas se verifica en el crecimiento de barrios privados y la persistencia de asentamientos precarios y villas miseria. El hábitat, el suelo y la vivienda son parte de una problemática social que también revela de relaciones incestuosas entre grupos políticos, jefes policiales y negocios ilegales. Florencio Varela, un municipio de 400.000 habitantes, tiene un tercio de su población con déficit habitacional. José Luis Calegari, abogado y referente del Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli, no se calla la boca frente a la situación de miles de sus vecinos. Sostiene que el intendente Julio Pereyra debería explicar por qué tiene 2.000 viviendas paralizadas hace cinco años. Ante las recientes tomas de tierras y de casas sin terminar, afirma que los mismos serenos forman parte de las tomas, al igual que muchos punteros políticos.
Calegari, que es parte de la Comisión Provincial por la Memoria y trabaja con el Centro de Estudios Legales y Sociales, salió al cruce de la denuncia de Pereyra que lo denunció penalmente con la temeraria afirmación de que el centro Angelelli es una organización dedicada a planificar tomas sistemáticas de tierras y lo vinculó “con el avance del narcotráfico”. “Me acuerdo –replica Calegari– de un reportaje a Pereyra en el que dijo que es asesor de inversiones en el exterior de empresas extranjeras. La verdad, desconocía la capacidad de Pereyra para hacer inversiones internacionales”. Dado que la denuncia del intendente de Varela cayó en la fiscalía de Nuria Gutiérrez, Calegari sostiene que la fiscal podrá investigar “cuando le llevemos las filmaciones de las reuniones con funcionarios de tierras en el barrio Tres de Mayo, donde los funcionarios le plantean a la gente que la compañía de seguros Orbis compraría el predio del barrio con la gente adentro a la Cooperativa de Vivienda y Consumo pero solo si la gente le dice a Orbis que pagará su lote. Nos preguntamos por qué una compañía de seguros compra y vende tierras en Varela”. Las calles del municipio están plagadas de afiches anónimos contra Calegari. Pero este abogado, que lleva dos décadas empeñado en la contención social, redobla la apuesta: promete llevar cientos de testigos al juzgado. Calegari se pregunta por qué Pereyra, en 22 años de gobierno continuo, tuvo a 26 policías que al dejar la fuerza de seguridad se convirtieron en funcionarios del municipio. “Evidentemente –dice– hay una relación entre aparato político y niveles policiales. Porque en Varela hay redes delictivas. Hay empresas de San Juan que compran campos en Varela ¡Es raro! Euros S.A... ¿por ahí algún funcionario la conoce? Hay redes que comercializan drogas, hay redes para el corte de autos, hay policías en las tramas delictivas y policías que se niegan a ser parte de la trama”. Calegari dice que esta denuncia está patrocinada por Jorge López, secretario Legal y Técnico del municipio, abogado y comisario retirado, además de “criador de caballos de salto”. Como fenómeno adicional, Calegari se pregunta: “¿Cómo se financia una campaña política?” y cuenta que en las elecciones legislativas, la lista del Frente para la Victoria, con los candidatos de Pereyra, perdió por primera vez en dos décadas. Hicieron buena elección los candidatos a consejales del Frente Renovador, como Juan el Lagarto Olmedo, dirigente de la Uocra, quien en octubre de 2012 estuvo vinculado a una balacera entre dos grupos del gremio de la construcción. Ya en 2012, estando en las filas del Frente para la Victoria, Olmedo fue denunciado ampliamente por su pasado delictivo, su recuperación en la cárcel que lo convirtió en pastor evangelista y ser un líder sindical que maneja fondos millonarios. Tiene la empresa Evancer S.A. dedicada a negocios inmobiliarios que comparte domicilio legal con Censur S.R.L., dedicada a la “investigación y la seguridad”. La Argentina, y no solo varios distritos del conurbano bonaerense, tiene demasiadas cuentas pendientes respecto de las relaciones incestuosas entre necesidades sociales, fondos públicos destinados a la vivienda y otras necesidades de los más postergados. El pasado martes 25 hubo una marcha al Municipio donde concurrieron vecinos de Varela y contaron con la adhesión de múltiples organizaciones sociales y personalidades como Osvaldo Bayer y Nora Cortiñas. La Argentina, y no solo varios distritos del conurbano bonaerense, tiene demasiadas cuentas pendientes respecto de las relaciones incestuosas entre necesidades sociales, fondos públicos destinados a la vivienda y otras necesidades de los más postergados, los aparatos políticos de gobierno, las policías, la dirigencia empresarial, sindical y política, y la trama delictiva. A veces, cuando se debate sobre si la Argentina es un país productor o donde se comercializan y consumen drogas ilegales, se pierden de vista los conflictos reales sobre los cuales sí se puede mejorar y producir cambios. La necesidad de múltiples reformas policiales no puede ser ajena a las experiencias reales y cercanas. En diciembre pasado, en estas páginas, se publicó una entrevista a León Arslanian, a propósito de las rebeliones policiales en varias provincias del país. El ex ministro de Seguridad por dos veces en la provincia de Buenos Aires sostuvo que, en segunda gestión, tuvo más presiones por parte de algunos intendentes o dirigentes políticos provinciales que por parte de los uniformados, muchos de los cuales era visible que resistían las reformas en la fuerza. Lo cierto es que, tras el fin de su gestión, en diciembre de 2007, algunos de sus estrechos colaboradores fueron parte luego de la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad desde diciembre de 2010 hasta junio de 2013. La ida de Arslanian significó un retroceso y habrá que preguntarse si no fue solo en materia de políticas de seguridad sino un retroceso también en las relaciones incestuosas con que Calegari retruca la denuncia del intendente de Florencio Varela. Una muestra delicada de esto es que la Comisión Investigadora del Caso Candela –por el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez ocurrida en agosto de 2011– parecía convertirse en un caso emblemático, como lo fue la muerte de José Luis Cabezas en febrero de 1997 y que fue el detonante para que el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, llamara a Arslanian para ocuparse de la seguridad en la provincia. La comisión del Caso Candela que fue promovida por el vicegobernador Gabriel Mariotto juntó información e hizo varias recomendaciones. Muchas de ellas deberían ser leídas por quienes toman decisiones en los municipios, en la provincia de Buenos Aires y también en otros distritos del país. -

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