Luego de unas nutrida movilización, donde los manifestantes portaban numerosos carteles, y tras una reunión con funcionarios comunales, organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la región exigieron «basta de demoras» y la «inmediata apertura de los archivos municipales de la dictadura» pasada.
Los manifestantes estuvieron representados por estas entidades: Familiares de detenidos-desaparecidos, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela, Comisión de Homenaje Permanente a Madres de Plaza de Mayo, de Quilmes, Departamento de Justicia y paz del Obispado de Quilmes, parroquia San Jorge,, SUTEBA Quilmes, Agrupación Azul y Blanca, Lista Marrón, SUTEBA F. Varela, Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, Comisión de Mujeres de la Región, la CCC, el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), MTR (Movimiento Teresa Rodríguez, ATV, AMD, GEN, el PO, Proyecto Sur y el PCR (Partido Comunista Revolucionario.
En un duro documento, las entidades reclamaron «porque sin memoria nunca habrá verdad ni justicia» y «exigimos la inmediata apertura y acceso público irrestricto a todos los archivos municipales de la dictadura», el «acceso público a las nóminas de intendentes, directores y secretarios municipales del período 1976-1983», «no a la impunidad de ayer y hoy», «no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos» y «30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, ¡presentes!».
En el documento se recordó que hace más de 2 años el intendente Pereyra expresaba ante las entidades su «buena voluntad respecto al pedido de apertura de los archivos municipales de la dictadura, asumiendo también el compromiso de enviar un proyecto de ordenanza para que el» HCD adhiriese «a la resolución tomada por los intendentes del CONCOSUR de abrir los archivos municipales». También que el jefe comunal «accedió a brindar las nóminas de los intendentes, secretarios y directores municipales del período 76-83 dada la relevancia que estos documentos tienen en la búsqueda» de justicia y porque «este gobierno no tendría nada que ocultar».
SOLO UNA VISITA GUIADA
Expresó que pese a las explicaciones de buena voluntad, sólo se consiguió efectuar «una visita guiada ala empresa ADEA, «donde lo único que se pudo encontrar fue la ausencia de los archivos solicitados y un silencio absoluto frente a los reiterados pedidos de nuevas audiencias».
Luego recordó que en reciente sesión el HCD local aprobó un proyecto para la creación Del Espacio para la Memoria en el Museo de Artes Visuales e Histórico local facultando al de a su reglamentación.
Por ello, esperan «la apertura y acceso publico irrestricto a toda la información contenida en los archivos municipales para lograr develar quienes fueron los cómplices civiles de a dictadura en Florencio Varela, ya que no se trata de «reparar» lo que es irreparable sino que es un paso indispensable en la búsqueda de justicia por los crímenes y delitos cometidos».
«PONERLE NOMBRE Y APELLIDO»
En otro párrafo, el documento dice: «Para llegar a la verdad y la justicia es necesario profundizar y avanzar en el tema pasando de los discursos y las declamaciones a la acciones. Para homenajear a las victimas hay que ponerle nombre y apellido a los victimarios».
80 DESAPARECIDOS
Recordó que en Varela «hay mas de 80 personas desaparecidas en un distrito que en los 70 contaba con 98.400 habitantes y solo 30 policías», por lo que reafirmaron que «no hay desaparecidos sin desaparecedores, sin responsables y cómplices de los secuestros y la represión».
El documento posteriormente desliza criticas contra el actual juez bonaerense Luís Genoud, algunas nunca comprobadas y recordó su paso por la Tendencia Peronista en los años 70.
CONTRA CHICHO Y CARPINETTI
También se critica a Francisco Chicho» Basile, actual proveedor municipal, por haber sido denunciado en los Juicios por la Verdad «por participar del secuestro de Ramona Melba Campodonico en 1977» y por haber «acompañado en los 80 las candidaturas de «León» González y de Julio Alberto Carpinetti, este vinculado a Norberto Osvaldo Cipolat, Cesar «Pino» Enciso, Carlos «El lndio» Castillo y Eduardo Alfredo «Zapato» Rufo, todos públicamente reconocidos integrantes de la Triple A, Banda de Gordon o Servicios de Inteligencia del Batallón 601 y todos empleados municipales durante su gestión», indica el documento dado a conocer.
Puntualizo el comunicado que «además Julio Carpinetti fue condenado a prisión junto con Patricio Camps (hijo del represor Ramón Camps e integrante de la Banda de Gordon) por hurto en 1981».
Luego se fustiga la «impunidad con la que actuaron ayer» que es «Prácticamente la misma que permite hoy enriquecerse a empresarios y políticos amparados por el silencio» del gobierno.
También recordó el asesinato de Andrea Viera hace 11 años en la comisaría 1· «por esa impunidad», la «detención arbitraria de Cristina Rodríguez» días atrás en la comisara 2da. y «las amenazas a Alfonso Rojas».
Culmino el documento recordando que «mientras las protestas sociales son castigadas con brutales represiones, el poder económico, político y policial se unen para sostener redes de negocios ilegales a costa de la vida de nuestros pibes/as.
Frente a la violación de los DDHH no existe posición neutral, se lucha por ellos o se es cómplice de los represores, autoritarios y genocidas». La Colmena en Red
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