domingo, 20 de marzo de 2011

RECURSO DE AMPARO EN SU FAZ FINAL POR EL PREDIO DE RUTA 36 Y THEVENET: QUIEREN INTERPELAR A SECRETARIOS

Se encuentra en su etapa final en el ámbito de la Justicia el recurso de amparo presentado por el concejal Dr. Dardo Ottonello, quien semanas atrás pidió una medida de no innovar –a la que el juez accedió- sobre la presunta construcción o realización de trabajos u obras por parte del municipio local en un predio privado situado en Thevenet casi ruta 36, de este distrito. Así lo confirmó el edil Ottonello durante una entrevista con La Colmena.




Acotó que está «en la etapa final en la parte de prueba, se están esperando que lleguen los informes que se solicitaron al Registro de la Propiedad y la Dirección de Catastro Parcelario bonaerense. Creo que una vez que el juez tenga esos informes ya va estar en condiciones de dictar sentencia. Mientras tanto, las obras continúan paralizadas porque la medida cautelar de paralización de las mismas dispuestas por el juez quedó firme».

Agregó el edil peronista «ahora queda esperar la resolución definitiva del juez» y dijo sobre la contestación del municipio que en la última presentación que hizo fuera de los plazos para contestar la demanda, «hizo una presentación invocando un supuesto hecho nuevo a modo de justificación y acompañó un expediente en el cual aparece una especie de autorización otorgada por el señor Jorge Pertas con fecha 20 de diciembre del 2010 para abrir las calles Storni y Arenales, todo el ancho de la fracción, que son esas 2 calles que se asfaltaron cediendo el espacio de las calles. Luego, una nueva presentación que hace Pertas, llamativamente el 24 de febrero cuando hacía casi 20 días que se había iniciado el juicio. Una presentación que hace la municipalidad donde acompaña un poder otorgado por Productores Norchichas- Potosí SRL con fecha 9 de febrero».

«Llamativamente, 2 días después de iniciado el juicio-agregó-; un poder para gestiones administrativas y el dice que en base a ese poder viene a ratificar en nombre de Norchichas que le había dado el 20 de diciembre pasado. Todo muy raro, tirado de los pelos, pero lo que llama la atención es revisando ese expediente administrativo la forma en que esta redactado» y «especialmente como estaba redactada» una nota que una agrimensora que había enviado al municipio, otro pase al dorso de esa nota de Catastro a Obras Públicas, y aparece una presentación de Pertas en un expediente en Obras Públicas no acreditado.

«EXTRAÑO Y SOSPECHOSO»

Resumió que «Pertas no invoca ningún carácter y esa especie de acta no dice que viene como comprador con boleto, no esta presentado ningún boleto, hay otro pase hacia Catastro. El pase inicial esta escrito con máquina de escribir, las que se dejaron de usar en la municipalidad, hace casi 10 años, fechado el 17 de diciembre del 2010. Algo extraño, insólito y altamente sospechoso».

Además agregó Ottonello que «en ningún expediente existe alguna fotocopia de un boleto de compraventa a nombre de Pertas por lo que aparentemente no sería el comprador, pero en ninguno de los 10 ó 11 expedientes en el juzgado aparece un boleto de compra-venta que diga que ese señor es el comprador de la fracción».

¿QUIENES COMPRARON?

Manifestó Ottonello que «en la plancheta Catastral que es la única actuación administrativa que hay hasta ahora, donde dice «comprador por boleto Jorge Pertas, especifica que la venta fue a nombre de Jorge Pertas y Hnos. por lo tanto, tampoco está acreditado en ningún expediente administrativo municipal quiénes son los que compraron: Jorge Pertas y Hermanos. ¿Cuántos hermanos?¿Qué hermanos? ¿Cómo se llaman? Tampoco esta acreditado que proporción ha comprado cada uno. Jorge Pertas que tiene: ¿una fracción mayoritaria o minoritaria?. Tampoco aparece que Jorge Pertas pudiese actuar en nombre de sus hermanos en expediente alguno».

AL aludir al predio de casi 7 hectáreas Ottonello calificó a lo actuado como «todo muy sospechoso y extraño, insólito».

Acotó que «es llamativo que el 7 de febrero se inició el juicio, el 8 se notificó a Julio Pereyra para que en 48 horas hicieran el informe y pasaron 6 días para contestar la demanda, ofreció pruebas y demás. Y luego cuando el juez ordena el secuestro de los expedientes de todas las obras, los que se adosan al juicio».

UN OLVIDO

«En ninguna de esas oportunidades la municipalidad le dijo al juez que el Sr. Jorge Pertas autorizó en diciembre del 2010 la apertura de esas calles o las cedió. En 3 oportunidades que la municipalidad se presentó al juicio se olvidó de esa autorización, lo cual aparece como altamente sospechoso porque además dicha autorización aparece firmada como si fuera un acta firmada por el secretario de Obras Públicas, Tomás Vanrell; este intervino en los 7 expedientes de la obra y también como intendente interino firmó los 6 decretos de llamado a licitación privada y de adjudicación de obra. Parece que cuando se inició el amparo nadie se acordó que en diciembre Pertas en un acto que solo firman ellos dos, había dado estas autorizaciones. Todo muy sospechoso, y da lugar a



suspicacias», aseveró.

RESPONSABLES POLITICOS

Tras mencionar que el juicio tiene su parte administrativa y también política, en este tema el concejal aseguró que «el primer responsable político es el intendente y luego los secretarios políticos» que avalaron esa decisión de construir en un predio privado.

Ottonello recordó que también es llamativo que las empresas adjudicatarias de las obras certificarán las mismas antes del 31 de enero, lo que les permitió cobrar entre el 40 y el 50% del total del dinero, y que a principios de febrero, entre el 10 y el 16 las empresas presentan la certificación por el resto de la obra, por lo que a su entender hay responsabilidad técnica en cada empresa y de funcionarios de Obras Públicas.

Las Obras constaron, dijo, $2.600.000 y que la comuna antes de terminar ya había pagado casi $1.300.000, incluido la obra de luminarias que nunca de hizo».

POSIBLES DELITOS

El edil de peronismo consideró que hay la posible comisión de los siguientes delitos: «incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos; malversación de caudales públicos; tentativa de defraudación al Estado Adulteración o falsificación de expedientes administrativos», lo que también implica alteración de documento público.

Tras reiterar que se han vulnerado las leyes de Obras Públicas y la Orgánica de las Municipalidades explicó que ahora «habrá que ver que alcance le da el juez a la demanda».

Cabe señalar que las empresas que intervinieron en dichas obras serían: Kavos, Bausas Hnos., Indal SRL, Agustina B., y Manelo, dijo Ottonello.

INTERPELARIAN A SECRETARIOS

Señaló que hay responsabilidades sobre temas legales, patrimoniales y políticos. Por eso, después del 1 de Abril en el HCD es necesario que los funcionarios se presenten a dar explicaciones ante los concejales espontáneamente, para evitar una interpelación que seguramente pedirán los concejales sobre este asunto poco claro.


La Colmena en Red

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